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“Detenciones ciudadanas” y crisis social

por Christian Álvarez Rojas

Foto: @GMagnere

Foto: @GMagnere

Cada cierto tiempo aparecen en los medios, de forma completamente acrítica y sensacionalista, reportes de “detenciones ciudadanas”: un asaltante, sorprendido por su víctima, es capturado por una turba que, aparte de neutralizar su ilícito, se dedica a torturarlo, grabando la acción y difundiéndola por internet. En su viralización es frecuente que reciban comentarios de aprobación y apoyo, celebrando el hecho e instando al resto de la población a hacer lo mismo. El principal argumento es el siguiente: existe una ola de delincuencia que es ignorada por las autoridades públicas, la que, sumada a la impunidad y bajas penas que tendrían los pocos delincuentes aprehendidos, obliga a la población a tomar la justicia por su cuenta.

Este hecho, así como su argumentación, presenta serios riesgos, aun cuando es cierto que la autodefensa es justificable  —y así lo reconoce la propia legislación chilena— pues no asistimos a la legítima resistencia ante una amenaza, sino que a una orquestación, consciente o no, de la violencia y la tortura, generando condiciones para que la situación empeore. En primer lugar, en la totalidad de las imágenes que se difunden de estos hechos, el delito acusado es un robo menor, muchas veces un lanzazo, sobre especies como joyas o artefactos tecnológicos. El daño a la propiedad, si bien comprensiblemente indignante, difícilmente alcanzará la magnitud para que implique un castigo penal superior a los que ya se aplican. Pero hay un punto más, sucede que Chile ya ha optado por el camino de criminalizar delitos como el robo, castigándolo con penas de cárcel efectiva, y los efectos, lejos de hacer que la delincuencia disminuya, solo han aumentado la percepción de la violencia convirtiendo, de paso, a Chile en uno de los países del mundo con mayor población penal (1). Si el delincuente no recibe una pena automática de cárcel se debe principalmente a dos razones: el delito cometido simplemente no tipifica para ello, y de hacerlo, ya existe una sobrepoblación penal por haber abusado de este recurso.

¿Cómo es posible que las medidas efectivas contra la delincuencia, es decir, la detención y el encarcelamiento, no hayan incidido positivamente en una disminución del delito? Pues sencillamente por una concepción errada de este. En un país cuya cultura ha sido moldeada durante 40 años para satisfacer el modelo económico neoliberal, la acción humana es entendida como el resultado unívoco de la autonomía individual. Es decir, de forma voluntarista: el individuo realiza la totalidad de sus acciones por simple elección, por lo que si ha decidido delinquir, solo queda el castigo como respuesta, y la prevención solo se comprende como el efecto disuasivo que la pena pueda ejercer sobre potenciales infractores. Esta visión, más allá de simpatías políticas, es falsa. Un simple ejercicio lógico nos hace advertir que la premisa de que “toda acción responde solo a la voluntad” desconoce la enorme cantidad de hechos que determinan la vida humana y que están ajenas a la elección: los padres, con sus respectivas ideologías, vicios y virtudes; el lugar de nacimiento, con sus oportunidades y riesgos; el lenguaje, con sus respectivas herramientas para comprender la realidad; etc. Y por supuesto, la más relevante para cualquier sujeto: nacer. Pero además, esta posición ideológica ignora el conocimiento que desde las ciencias cognitivas nos indica cómo la mente humana responde en base a condicionamientos previos de forma inconsciente; el libre albedrío es solo una idea teológica sin cabida en la realidad, la que, a lo más, nos otorga la posibilidad de compatibilizar nuestras decisiones con las alternativas que emergen en nuestro entorno (2).

La comprensión errada de la acción humana por parte de la ideología imperante en nuestra sociedad, no podrá, lógicamente, ofrecer respuestas eficientes al problema de la delincuencia, y es lo que ha ocurrido, más, cuando el derecho a la propiedad se considera el pilar fundacional: se yerra en la comprensión de la delincuencia al tratarla bajo las obsoletas premisas voluntaristas, dejando como resultado una sobrepoblación penal y una sociedad ansiosa de castigo para los culpables, el que se toma por cuenta propia, aumentando las condiciones de violencia que producen la segregación, y aumentando, por ende, la delincuencia que se busca combatir.

La historia nos ha dado buenos ejemplos de errores similares y a escalas incluso mayores. A mediados de los 90 en Colombia, cansados de la inseguridad provocada por la guerrilla y el narcotráfico, un grupo de campesinos y empresarios agrícolas decide fundar las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). En un comienzo, el fin era perfectamente comprensible: resistencia civil ante los embates del terrorismo y la violencia armada del tráfico de drogas. Con el respectivo apoyo de intereses políticos, las AUC ganaron legitimidad y financiamiento, operando como una alternativa ciudadana ante la incompetencia estatal de controlar la violencia (3). Pero con el paso de los años las AUC fueron cometiendo masacres incluso peores que las de la guerrilla: torturas, secuestros, extorsiones, ejecuciones masivas y descuartizamientos silenciados en fosas comunes, y, paradójicamente, el tráfico de drogas, efectuado como una forma de autofinanciamiento. Esto es comprensible, pues al no recibir financiamiento público, y al ser una organización con una creciente necesidad de miembros especializados, recurrió a la forma más eficiente de obtener recursos y contratando a los individuos con mejor preparación para efectuar su trabajo. Solo a su rama del norte del país se le atribuyen más de 15.700 muertes(4), en las que se masacraron pueblos enteros —incluyendo a los niños— por la sola sospecha de que ahí podría vivir algún colaborador de la guerrilla, a cuyas víctimas se degollaba, descuartizaba, y en ocasiones se entregaba para que fueran devoradas por leones y cocodrilos. Si le digo que las víctimas fueron campesinos pobres y niños quizá se conmueva y le parezca una barbarie inaceptable, pero si ahora le digo que imagine que son “flaites”, quizá su juicio cambie y se recuerde comentando en Youtube alguno de los videos difundidos, deseando exactamente las mismas cosas que las AUC llevaron a cabo. Desde inicios de los 2000 las AUC son consideradas una agrupación terrorista, y desde el 2005 se ha promovido su desarme.

La sobreexplotación de la violencia como método único para resolver los conflictos sociales no es un tema trivial, pues se encuentra encadenado a las peores acciones que nuestra especie es capaz de realizar, y cuya puesta a raya no ha sido una evolución espontánea, sino el fruto reciente y frágil de una serie de luchas sociales que, entre otras cosas, dieron origen a conceptos como los Derechos Humanos. El error de comprender  el delito como una acción completamente independiente del contexto social, hace que no solo no se haga nada por cambiar estas condiciones que lo generan, sino que, con su enfrentamiento equívoco basado en la violencia, estas condiciones aumenten y se perpetúen, haciendo crecer el mismo mal que pretenden combatir. Porque cuando luego de detener a una persona sorprendida robando se procede a desnudarla en público, a  golpearla buscando causar fracturas o daños irreparables como la pérdida de piezas dentales, grabándolo para deleite masivo, se procede a cometer una tortura. Y, por si hace falta recordarlo, la tortura es un crimen más grave que el robo.

Pero tampoco se trata de enjuiciar moralmente a quienes cometan estos actos, pues sería cometer el mismo error acusado, sino que de comprenderlos en su verdadera dimensión, que es cómo la acción humana se determina por las opciones disponibles. Dado un marco cultural como el descrito, será lógico que se reaccione con violencia ante quien roba un celular (y no así contra quien, mediante colusiones, provoca daños económicos mucho mayores y a millones de personas). Así como es lógico que ante la segregación en vivienda, educación y perspectivas de desarrollo, la opción más viable para algunos sea el robo. Es por ello que, si no deseamos una sociedad en donde la tortura se realice, ya ni siquiera en cuarteles clandestinos, sino que a plena luz del día en calles céntricas, debemos eliminar la dicotomía entre seguridad por autotutela e impunidad judicial que existe en la subjetividad de las personas, esto es, eliminando los niveles actuales de delincuencia. Y como el modelo actual para ello, basado en el encarcelamiento masivo a raíz de concepciones voluntaristas no solo no ha dado resultado sino que ha demostrado ser contraproducente, urge un cambio cultural que logre prevenir efectivamente que una persona comience una vida delictual, robando o torturando.

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Christian Álvarez Rojas. Licenciado en Estética UC, Magíster (c) en Teoría e Historia del Arte U. de Chile y Magíster (c) en Estéticas Americanas UC. Ha trabajado en gestión cultural y creación artística junto al Colectivo MICH entre 2010 y 2014. Músico, compositor en Quasar J-01 desde el 2006 hasta el presente. En la actualidad investiga las influencias estéticas del clasismo y el racismo en Chile, además de participar como curador en trabajos independientes.

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NOTAS

 (1) http://www.hamiltonproject.org/files/downloads_and_links/v8_THP_10CrimeFacts.pdf

(2) Dennett, Daniel. La libertad de acción. Barcelona: Gedisa,1992.

       —.   Reflections on Free Will. 2012 www.samharris.org/blog/item/reflections-on-free-will

      Harris, Sam. Free Will. New York: Free Press, 2012.

(3) http://www.semana.com/nacion/articulo/las-pruebas-hablan-si-solas/81948-3

(4)http://www.verdadabierta.com/component/content/article/83-juicios/3749-8-anos-pagara-don-antonio-por-mas-de-100-homicidios

 

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